La "Ley de nietos" y el papel que deben cumplir los cónsules

29 de septiembre de 2026

La polémica, los posicionamientos políticos y las decisiones institucionales producidos en los últimos meses a raíz de la aplicación de la llamada "ley de nietos" han puesto en evidencia la relevancia que tiene la Administración del Estado en el exterior cuando debe participar en la ejecución de normas legales y medidas políticas. Concretamente, cuando debe hacerlo el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación a través de su red diplomática y consular. Esta relevancia está adquiriendo una dimensión extraordinaria pues, en el seno de la opinión pública, se relaciona con la transparencia y fiabilidad del sistema electoral, pieza clave en cualquier democracia. 

Desde la ADE queremos señalar que la Ley de Memoria Democrática (LMD), aprobada en octubre de 2022, podía haber sido una oportunidad para prestar atención a las capacidades y recursos existentes en la red consular española para cumplir la misión que se le asignaba respecto al derecho de optar a la nacionalidad concedido a descendientes de ciudadanos originariamente españoles. Lamentablemente, no fue así.

De hecho, llama poderosamente la atención que esa ley se aprobó sin "vacatio legis", es decir, toda ella, incluida la disposición adicional relativa a dicha opción a la nacionalidad, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No sucedió lo mismo cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica (2007), cuya disposición adicional también sobre el derecho a la opción a la nacionalidad en unos supuestos limitados, tuvo una "vacatio legis" de un año. Ello permitió entonces, por ejemplo, dictar instrucciones para su mejor ejecución, ampliar las instalaciones de varios consulados para atender a las personas solicitantes e incrementar las plantillas de algunas unidades con ese mismo objeto. Incluso, en la actualidad, el proyecto de ley de concesión de nacionalidad a personas saharauis prevé que esa figura propia de la buena producción normativa sea de cuatro meses.

Es necesario destacar que la LMD y, sobre todo, tras la interpretación extensiva de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 25 de octubre de 2022, así como sucesivas interpretaciones en el mismo sentido, ampliaban muy significativamente el número de potenciales solicitantes, pero sin preparar a la red consular para gestionarlo del modo que sería deseable para una eficiente Administración pública en el siglo XXI. En consecuencia, se fueron adoptando medidas sobre la marcha, incluidas las indispensables herramientas electrónicas, y, al aproximarse el final del plazo para presentar las solicitudes, soluciones extraordinarias para atender a varios miles de interesados.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la ADE, en este caso, como en muchos otros, ha habido imprevisión y ausencia de planificación. Se trata de otro ejemplo de la dejadez, incluso desidia, de la que es objeto nuestro Servicio Exterior. La ADE viene alertando de que esta actitud de sucesivos gobiernos e instituciones del Estado conlleva serias consecuencias y en la actualidad ello se demuestra ante toda la ciudadanía.

Es de suma importancia subrayar que esta falta de recursos para la ejecución de la LMD se suplió en parte con un esfuerzo extraordinario de los empleados públicos de nuestra red consular. Cada unidad consular, dirigida por funcionarios diplomáticos, cumplió las instrucciones recibidas, se organizó lo mejor que pudo y afrontó una demanda de usuarios, en muchos consulados, desmedida para las capacidades existentes. Hay que tener en cuenta que la red consular tiene la obligación legal de cumplir con muchas otras tareas, como las inscripciones en el Registro civil de nacimientos y matrimonios de españoles residentes en el exterior, la tramitación de sus solicitudes de pasaporte, o facilitar su voto en las elecciones autonómicas, generales y europeas, entre otros cometidos.

A pesar de ello, estos empleados públicos han sido, y siguen siendo, objeto de ásperas críticas por parte de personas que consideran que no son atendidas con la diligencia y en los plazos que deberían serlo. En muchos casos, están en lo cierto, pero numerosos consulados se encuentran en una situación crítica respecto al personal asignado y a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, debido a una crónica precariedad presupuestaria. Sencillamente, no dan abasto.

Más grave aún es el fenómeno que se está produciendo en las últimas semanas en algunos medios cuando se cuestiona abiertamente la profesionalidad de los empleados públicos de la red consular y se señala a varios funcionarios diplomáticos por, se llega a afirmar, actuar contra la ley. Estos señalamientos a personas concretas se están convirtiendo, en las redes sociales, en una agresividad a menudo extrema, con amenazas de muerte e insultos graves que abarcan a sus familiares y aspectos como su orientación sexual. 

La ADE lamenta profundamente y manifiesta su más rotunda condena a los ataques en las redes sociales a funcionarios que tan solo han aplicado la ley y las instrucciones recibidas, cumpliendo con la obligación que establece la Ley del Registro Civil para los encargados del Registro (como lo son los cónsules) de ejecutar las órdenes, instrucciones, resoluciones y circulares del Ministerio de Justicia. Se trata de acusaciones sin fundamento a empleados públicos que en ningún caso pueden hacerse responsables de las interpretaciones extensivas de las normas. Ellos y todos los integrantes de esas unidades consulares son personas trabajadoras que optimizan al máximo sus jornadas laborales, cuando no las amplían sin compensación retributiva, para servir en el extranjero a ciudadanos españoles y a quienes se les ha otorgado el derecho a aspirar a serlo. 

La Junta Directiva de la ADE