La desatención de la acción exterior y del servicio exterior puede acarrear graves consecuencias

14 de julio de 2026

La ADE viene alertando de la prolongada desatención que sufre el Servicio exterior de España y, en particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (MAEUEC), el único departamento ministerial cuya razón de ser es la acción exterior del Estado y servir a los ciudadanos españoles en el extranjero.

La precariedad de recursos humanos, materiales, técnicos y de infraestructuras, resultado de décadas de dejadez gubernamental, se ha agravado por la deficiente gestión del actual equipo de responsables políticos del ministerio. Por falta de voluntad política o por simple incapacidad, no ha logrado convencer al Consejo de Ministros de la necesidad de acompañar con recursos humanos adicionales el notable incremento de la carga de trabajo (por el aumento exponencial de ciudadanos españoles en el exterior y de su demanda de servicios, el elevado número de solicitudes de nacionalidad, de solicitudes de visados y de gestiones derivadas del proceso de regularización de inmigrantes, por citar algunas funciones de la red consular). El estado de una parte significativa de la red consular de España es crítico.

La decisión política de no destinar más funcionarios públicos a la red consular y, en general, al Servicio exterior y optar por la contratación temporal local de empleados públicos conlleva serias limitaciones. Estos empleados locales son necesarios y, en muchos consulados, en mayor número que en la actualidad, pero no pueden reemplazar a los funcionarios. Unos y otros merecen retribuciones adecuadas, condiciones de trabajo y de seguridad dignas y la atención a sus familiares, según establece la ley en cada caso. Lamentablemente, el colectivo de los empleados públicos en el exterior, incluidos los funcionarios del Estado, padece un grave deterioro de todas estas condiciones que linda con el maltrato institucional.  Ello es reflejo del desinterés de la clase política hacia el papel de la Administración pública en el exterior y de su desconocimiento en el seno de nuestra sociedad, lo cual se debería corregir.

La externalización del trabajo asignado a la red consular tampoco es una solución adecuada. Puede entrañar riesgos y consecuencias indeseables si no se realiza con transparencia y proporcionando información precisa a los responsables de las unidades de la red consular y también a las instituciones públicas y actores políticos que la soliciten. Este oscurantismo y carencia de aclaraciones, especialmente en el marco de los procesos de nacionalización al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de los trámites para la regularización de inmigrantes que debe realizar nuestro servicio consular y diplomático, tiene graves consecuencias.

La más grave es la sombra de duda lanzada sobre la Administración General del Estado y sobre la fiabilidad del propio sistema electoral. En este contexto, la ADE defiende la integridad y profesionalidad de los funcionarios, incluidos los diplomáticos en funciones consulares. Los funcionarios del Estado saben que su obligación máxima es respetar la ley y, si se les ordena incumplirla, negarse a ello; si aun así no fuera suficiente, pueden recurrir a mecanismos de alerta o denuncia de la corrupción, en sus diversas formas, como ha venido proclamando tanto la ADE como FEDECA.

Por esta razón, una vez más, la ADE pide el respaldo de las instituciones y de la ciudadanía para que los funcionarios puedan defender la legalidad y contar con los medios necesarios para realizar su trabajo. Asimismo, solicita a los responsables del MAEUEC que redoblen sus esfuerzos para recabar estos medios. Además, hace un llamamiento público a que, empezando por estas cuestiones, respondan a todas las consultas que les planteen los medios, aclaren todas las dudas que surjan en el debate político, defiendan la integridad y profesionalidad de sus funcionarios y de este modo disipen las sombras que puedan dañar la salud de nuestra democracia.

La Junta Directiva de la ADE