Gestión ante el Subsecretario sobre el trato a los empleados en el exterior y la aplicación del concepto de fuerza mayor

27 de enero 2026

Queridos compañeros:  

La Junta directiva de la ADE se ha dirigido al Subsecretario para trasladarle su gran preocupación por la sobrecarga de trabajo que no cesa de incrementarse en gran número de nuestras representaciones en el exterior, sin que aumenten los recursos humanos de que disponen. Más tareas que recaen en equipos ya saturados de trabajo. Diplomáticos y demás empleados públicos que, ante esta situación, no encuentran de las autoridades del Ministerio comprensión, apoyo ni respuestas positivas que eviten el deterioro de las condiciones de trabajo, lo cual les impacta en lo personal y también a sus familias.

Como muestra, la atención a los procesos electorales, los cuales pueden sucederse en cadena, de nuevo, a lo largo de 2026, y que exigen una amplia dedicación del personal de los Consulados generales y secciones consulares de las embajadas; en especial, de los diplomáticos, que han recibido instrucciones de que no se autorizarán sus permisos durante los periodos de voto, “salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas”.

La ADE ha actuado particularmente en apoyo a un asociado, afectado por la aplicación de esta normativa durante el reciente proceso electoral en Extremadura. Teniendo sus vacaciones autorizadas y billetes comprados para venir a España cuando las elecciones se convocaron, planteó, con el apoyo de la jefatura de misión, a la Subdirección General de Personal y a la unidad de procesos electorales que en su caso concurría un supuesto de fuerza mayor. Además, desde la representación se argumentó que, dada la muy reducida cifra de potenciales electores, el servicio durante el periodo de votación era perfectamente manejable por los funcionarios y personal laboral presentes. Sin embargo, una valoración muy limitante del concepto de fuerza mayor y la no relevancia otorgada a los demás argumentos determinaron que no fuera atendida la solicitud del funcionario.  

Más allá de un caso concreto, la ADE expuso al Subsecretario que se trata de una problemática general. Ya en 2024, cuando en el primer semestre se sucedieron cuatro procesos electorales, en los Consulados generales y secciones consulares hubo, en consecuencia, una “congelación” de vacaciones de entre 3 y 4 meses. Creemos que el criterio de fuerza mayor debe no sólo ser interpretado de modo más flexible, sino que, además, debe regirse con un sentido de proporcionalidad. Consideramos que lo fundamental es garantizar la prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones debidas, no la presencialidad per se. Por otro lado, la ADE desea conocer dónde se encuentra recogido que los funcionarios deban renunciar a vacaciones autorizadas y sufrir pérdidas patrimoniales y de otra índole.

Evidentemente, es objeto de nuestra preocupación y rechazo este trato draconiano a los funcionarios, no sólo cuando suceden procesos electorales sino en cualquier otra situación o circunstancia. La administración pública en un Estado de Derecho debe respetar los derechos y la dignidad de sus empleados, garantizar que se cumplan los procedimientos, que las decisiones que les afectan directamente se adopten de manera racional y razonada y facilitar las adecuadas condiciones de trabajo.

Por eso trasladamos a la Subsecretaría que nos parecen sumamente graves la inflexibilidad demostrada por Servicios Centrales, la vacuidad otorgada al concepto de fuerza mayor, la flagrante vulneración del respeto a la conciliación familiar y la indiferencia ante la garantía de prestación del servicio. Y solicitamos que se instruya a las unidades competentes para que tomen decisiones más adecuadas ante las situaciones que pueden producirse a lo largo del año o en el futuro.

En respuesta a esta gestión, la ADE recibió ayer una comunicación de la Subsecretaría, por indicación del Subsecretario, en los siguientes términos:

“Podéis tener la seguridad que, de cara a futuros procesos electorales, se analizarán detenidamente, y caso por caso, los distintos supuestos que puedan plantearse, con el objetivo de compatibilizar adecuadamente las distintas circunstancias de los funcionarios con la obligación de prestar un servicio público de calidad que garantice los derechos fundamentales, inherente a las funciones consulares.”

La Junta directiva de la ADE