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Víctimas de la bancarrota autonómica

Las facturas sin pagar se amontonan en las haciendas regionales, sobre todo en la sanidad, que acumula deudas de casi 9.000 millones con proveedores

La caída de ingresos provocada por la crisis y la reducción del déficit que el Gobierno ha impuesto a las autonomías —obligado por las exigencias de Bruselas y de los mercados— ha colocado a muchas comunidades en una situación de asfixia, cuyas principales víctimas están siendo autónomos, pymes y empresas, que con sus facturas pendientes de cobro financian las arcas regionales.

Los excesos que los gobiernos autonómicos, independientemente de su color político, cometieron en la época de vacas gordas, replicando a escala regional el modelo de organización del Estado, clonando sus estructuras, instituciones y organizaciones, están pasando ahora una elevada factura.

Y si bien es cierto que, según reconocen los expertos, en los últimos meses se ha impuesto un discurso de austeridad y que la crisis puede suponer una palanca para mejorar la eficiencia de las administraciones, los recortes se antojan todavía insuficientes y los problemas de financiación grandes sobre todo en el área sanitaria.

Según un reciente informe de PwC, las dificultades que se están encontrando las comunidades para financiar la actividad sanitaria se están trasladando a los proveedores privados, y las empresas están sufriendo cada vez más los retrasos en los pagos, lo que puede hacer peligrar la viabilidad de algunas compañías.

CON LA SOGA AL CUELLO.

La deuda de medicamentos y productos sanitarios a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 8.739 millones de euros, de los que más de la tercera parte se concentraban en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla León, apunta el citado informe. E incluso muchos proveedores tienen que soportar demoras en los pagos superiores a los 600 días, siendo las autonomías que más dilatan los pagos Cantabria (709 días), Baleares (645 días) y Murcia (612), según datos de Ahorro Corporación.

Y si estos retrasos en los pagos hacen daño a los laboratorios de grandes firmas internacionales, que pueden plantearse reducir su inversión en nuestro país; el problema es todavía mayor para pequeñas y medianas empresas, que no pueden resistir este contexto de morosidad.

Las administraciones públicas deben a autónomos y microempresas unos 12.000 millones de euros de forma directa, y dentro de las administraciones, autonomías y ayuntamientos son los principales morosos, explica la Federación de autónomos, ATA. Para aliviar esta situación, el Gobierno de Rodríguez Zapatero reformó la ley de morosidad el año pasado obligando a pagar a las administraciones en un plazo máximo de 50 días en 2011, 40 en 2012 y 30 a partir de 2013. Pero en un momento como el actual, estas garantías son una ficción, ya que las autonomías no tienen disponibilidad presupuestaria para afrontar los gastos.

Las posibilidades de endeudarse y hacer frente a los pagos son cada vez más difíciles. En primer lugar porque todas las autonomías que no han cumplido los objetivos de déficit —la mayoría—no reciben la autorización del Gobierno central para lanzar nuevas emisiones de deuda. Y además, incluso si son autorizadas, tienen muchas dificultades para captar fondos en un mercado cerrado.

Y si los acreedores de la administración son las mayores víctimas de la bancarrota autonómica, todos los ciudadanos estamos pagando la crisis y los excesos de años anteriores con recortes en salarios públicos, merma de los servicios y en algunos casos más impuestos.

Pero el ajuste no ha terminado. Durante 2011, año electoral en la mayoría de las comunidades, éstas tendrán que reducir su déficit en más de 15.000 millones, para pasarlo del 2,8% al 1,3% del PIB—, lo que no va a ser tarea fácil.

RECORTES APROBADOS

La mayoría de las autonomías ya han aplicado recortes, pero es muy probable que antes de que acabe el mes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno les exija más medidas.

En Cataluña se han ralentizado las obras de ampliación del metro de Barcelona; se han reducido las plazas de Mossos d’Escuadra que estaba previsto convocar y los mayores recortes se han planteado en las áreas de Educación y Sanidad. Recortes que podrían traducirse en cierres de quirófanos, supresión de camas, aumento de las listas de espera, o incluso ahorro en el lavado de sábanas o reducción de la calidad de los menús hospitalarios.

Castilla-La Mancha, la autonomía que registró mayor déficit en 2011, más del doble de la media, ha puesto en marcha un plan para recortar en 775 millones los gastos corrientes, y aumentar los ingresos en 200 millones. Estos mayores ingresos vendrían del canon eólico y un impuesto a las entidades financieras.

Los gastos de personal y las inversiones son los más afectados por los recortes en Murcia. Además, el Ejecutivo prevé vender parte de su patrimonio para obtener 120 millones de extra y ha puesto en marcha el céntimo sanitario en las gasolinas.

Galicia cumplió el año pasado por los pelos el objetivo de estabilidad pero como todas las administraciones tiene problemas de liquidez, lo que le ha provocado algú que otro altercado con las cofradías encargadas de la limpieza de las rías.

En la Comunidad Valenciana, los principales problemas de pago se centran en los proveedores de la sanidad pública, a los que la Generalidad adeuda 1.300 millones correspondientes a facturas de los ejercicios 2009 y 2010. Para ajustar sus cuentas ha aprobado un plan para recortar un 25% los gastos de funcionamiento.

También Castilla y León ha aplicado una reducción del gasto corriente del 25%. Además ha congelado la oferta de empleo público y ha reducido los sueldos de los funcionarios. La situación es delicada, pero desde el Gobierno regional, liderado por Juan Vicente Herrera, subrayan que el periodo medio de pago de facturas es de 26,15 días. Sin embargo, esta media no se cumple en Sanidad, donde la Consejería «está tomando medidas para agilizar los pagos pendientes».

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