Gobierno canario y sindicatos acordaron ayer negociar la puesta en marcha de la evaluación de desempeño, sistema que valorará el rendimiento y la productividad de los 100.000 empleados de la administración autonómica, cabildos y ayuntamientos.
El Ejecutivo regional y las centrales reanudaron así el dialogo después de tres meses de desencuentros. Sobre la mesa, una medida cuya función será valorar la profesionalidad de los empleados públicos y que en caso negativo podría conllevar una reducción salarial por la pérdida de nivel en los complementos.
«Hemos manifestado nuestra disponibilidad para llegar a acuerdos en distintas materias», señaló el secretario del Área Pública de CC OO, Javier Godoy, quién indicó que por parte de los sindicatos se plantea la consolidación del personal temporal y laboral en las administraciones canarias.
Negociaciones
En los próximos días se convocará una mesa general de la Función Pública para iniciar formalmente estas negociaciones tras el consenso registrado ayer en una reunión técnica en la que participaron UGT, Intersindical Canaria y Sepca, además de CC OO.
La figura de la evaluación de desempeño se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) aprobado en 2007 y a cuya aplicación están obligadas las comunidades autónomas. Por ello se incluía en el anteproyecto de Ley de Función Pública de Canarias, que acaba de aparcar el gabinete de Paulino Rivero por falta de tiempo para sacarlo en esta legislatura.
La intención del Gobierno regional es aplicar el modelo asturiano, en donde son los directores generales los encargados de gestionar este sistema evaluativo. El primero de los departamentos a auditar será el Presidencia del Gobierno, que incluye el área de Turismo. Godoy indicó que en principio son más partidarios que sean los jefes de servicio los encargados de dirigir la evaluación de desempeño, más que los directores generales, dado su corte mayoritariamente político. «En el marco de la negociación que ahora se abre analizaremos con detalle cuál es el método y cómo se va a aplicar este instrumento», añadió el responsable de CC OO en Acción Pública.
Por su parte, la portavoz de Intersindical Canaria (IC), Juani Sosa, indicó que desde las centrales se pondrá también sobre la mesa propuestas de ahorro del gasto público «para evitar así posibles despidos masivos». En esta misma línea, desde las centrales se plantea una racionalización con los numerosos recursos judiciales, que se presentan sin posibilidad de ganar y que suponen un desembolso importante para las arcas de la Hacienda canaria.
En la mesa técnica de Función Pública celebrada ayer no se abordó la decisión del Gobierno regional de ordenar la incorporación al trabajo de un centenar de liberados sindicales a partir del 5 de febrero. Las centrales han pedido al Estado que interponga un conflicto de competencia al entender que va contra un derecho amparado por la Constitución, además de estudiar la presentación de recursos judiciales.
La próxima mesa general de Función Pública de la administración canaria, se acordará prorrogar el acuerdo suscrito el 23 de diciembre, que daba de plazo hasta el 4 de febrero para llegar a acuerdos sobre la mejora de la administración y el empleo público. Al abrirse las negociaciones esta fecha se ampliará, pero en principio no supondrá una suspensión de la retirada de la dedicación exclusiva de los liberados sindicales.
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